El 27 de abril arranca ante el Tribunal Penal Federal de la ciudad suiza de Bellinzona el largo proceso penal en torno a un importante caso de corrupción internacional. En el centro del mismo se encuentra Gulnara Karimova, hija del primer presidente de Uzbekistán, Islam Karímov (1938-2016), así como el sector bancario suizo vinculado a sus actividades. La influyente publicación financiera y de mercados Finews.com dedicó el sábado una detallada crónica a este asunto.
ℹ️ Conviene recordar, de entrada, que Karimova ha sido condenada en múltiples ocasiones en Uzbekistán y que permanecerá en prisión o en régimen de cumplimiento al menos hasta 2033. En 2015, aún en vida de su padre, Gulnara fue sentenciada a cinco años de libertad restringida; en 2017 recibió una pena de diez años de cárcel. En 2018, esa condena fue conmutada por cinco años de libertad vigilada, pero en marzo de 2020 le fue impuesta una nueva pena de 13 años y 4 meses de prisión. Según su abogado, los juicios se celebraron en condiciones opacas —en algún caso, en la cocina de su propio apartamento— y los letrados de la defensa fueron impedidos de entrar al país.
La historia se remonta a casi veinte años atrás, según recuerda Finews.com. De acuerdo con la Fiscalía General suiza, ya en 2008 Karimova había construido una extensa red —conocida como «la Oficina» («Office»)— dedicada a extorsionar con sobornos a empresas internacionales de telecomunicaciones que pretendían acceder al mercado uzbeko. Ello motivó que la fiscalía federal suiza abriera un proceso penal contra Karimova y su socio comercial tan pronto como en 2012, por cargos de corrupción, participación en una organización criminal y blanqueo de capitales.
En 2015 quedó bajo investigación un exemployado del banco privado ginebrino Lombard Odier. Según la acusación, entre 2008 y 2012 abrió y gestionó cuentas bancarias para personas del entorno de «la Oficina», contribuyendo así a ocultar el origen de los fondos. El banco como institución no está acusado de participar activamente en el blanqueo, sino que el tribunal examinará si adoptó todas las medidas organizativas necesarias para prevenir la conducta de su empleado. Se trata de la llamada responsabilidad penal corporativa, figura jurídica en virtud de la cual ya han sido procesados en Suiza el Banque Pictet & Cie, el Credit Suisse y el Bank J. Safra Sarasin. Lombard Odier comunicó por iniciativa propia el caso al Servicio de Comunicación en materia de Blanqueo de Capitales (MROS) en 2012 y cooperó plenamente con las autoridades.
El desarrollo de las actuaciones ha resultado tan enmarañado como los propios hechos. Durante años, los dos expedientes conexos fueron tramitados en paralelo por fiscales distintos. Solo en mayo de 2025 —más de una década después del inicio de la instrucción— el Tribunal Penal Federal decidió acumularlos, en contra del criterio de la Fiscalía General, al considerar que comparten una misma base fáctica.
El proceso ha conocido actuaciones sin precedente. Los cargos de participación en una organización criminal no fueron formulados contra Karimova y su socio hasta aproximadamente diez años después del inicio de la investigación.
Pero lo más singular es que, por primera vez en la historia de la justicia penal suiza, el Tribunal Penal Federal se desplazó al extranjero para practicar diligencias. A comienzos de 2026, el tribunal celebró en Taskent —donde Karimova permanece privada de libertad desde 2014— una segunda ronda de interrogatorios.
☝️ No obstante, esas comparecencias se desarrollaron bajo condiciones sumamente restrictivas, lo que ha generado una grave complicación procesal, según informa Finews.com. Los jueces suizos no pudieron dirigirse a Karimova de manera directa: todas las preguntas debían canalizarse exclusivamente a través de la Fiscalía General uzbeka. Además, todos los presentes estaban sujetos a una inusualmente rigurosa obligación de confidencialidad, bajo amenaza de responsabilidad penal, lo que llevó a los abogados de la defensa a negarse a participar. Todo ello ha suscitado serias dudas sobre si las declaraciones obtenidas se ajustan a los estándares probatorios suizos y si resistirán el escrutinio judicial.
Las condiciones de reclusión de Karimova en Uzbekistán también generan inquietud más allá del propio caso, subraya la publicación. Un grupo de trabajo de Naciones Unidas en materia de derechos humanos calificó anteriormente el encarcelamiento de la «princesa uzbeka» como arbitrario e identificó diversas vulneraciones de las normas procesales internacionales. Los juristas debaten ahora qué incidencia podría tener esto en la valoración y la admisibilidad de las pruebas en el procedimiento suizo.
También queda en el aire la comparecencia física de los acusados en Bellinzona. Dado que se encuentra en prisión, se considera muy improbable que Karimova pueda asistir en persona al juicio, mientras que el paradero de su coacusado es desconocido. Esta circunstancia sitúa al tribunal ante dilemas procesales de calado: si cabe sustanciar el proceso en rebeldía o si una parte de la causa deberá volver a escindirse.
Resulta significativo que en Suiza estos asuntos raramente llegan a juicio oral. En casos similares —incluidos otros procesos relacionados con el entorno de Karimova— los acusados suelen ser condenados mediante órdenes de sanción dictadas directamente por la fiscalía, un mecanismo que solo es viable cuando los hechos no son sustancialmente controvertidos y las pruebas resultan evidentes. En el presente caso, eso no parece ser así, y la fiscalía se ha visto obligada a someter el asunto a un tribunal, donde la instrucción y todas las irregularidades acumuladas podrán ser sometidas a un examen público.
Anticipar el desenlace del proceso resulta extraordinariamente difícil, concluye Finews.com. Son demasiados los factores que permanecen en la incertidumbre y demasiadas las irregularidades acumuladas a lo largo de años de investigación. No solo se ignora quiénes comparecerán finalmente en la sala, sino también qué pruebas serán declaradas admisibles, qué valor les será atribuido y cómo la larga duración del procedimiento y la acumulación de incidencias procesales influirán en la resolución jurídica definitiva.
