Militar británico conversando con un residente local a través de un intérprete y un soldado del Ejército Nacional Afgano, 2008. Foto de wikipedia.org
Una importante filtración de datos en el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha causado la muerte de al menos 49 afganos que colaboraron con misiones militares y civiles británicas. Así lo informa The Guardian.
Según una investigación presentada al Comité de Defensa del Parlamento británico, la filtración puso en riesgo a casi 100.000 afganos, tanto colaboradores como sus familiares. En una encuesta participaron 231 personas cuyos datos fueron expuestos. De ellos, 200 reportaron amenazas directas contra sí mismos o sus seres queridos, mientras que 49 indicaron que la filtración causó la muerte de un colega o familiar.
El incidente ocurrió en febrero de 2022, cuando un empleado del Ministerio de Defensa envió por error una hoja de cálculo con datos personales de aproximadamente 25.000 solicitantes de reubicación desde Afganistán bajo programas especiales de protección para empleados y sus familias. La lista, que incluía nombres, datos de contacto y otra información confidencial, cayó en manos de terceros y se difundió por el país. El error fue reconocido como uno de los mayores en la historia del Ministerio de Defensa británico.
El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, al dirigirse a la Cámara de los Comunes el 15 de julio de 2025, ofreció «disculpas sinceras» a los afganos cuyas vidas se vieron amenazadas. Calificó lo sucedido como un «grave error departamental» relacionado con la transferencia de datos fuera de los canales autorizados, y señaló que el incidente ocurrió «bajo el liderazgo anterior».
Los detalles de la filtración se dieron a conocer después de que el Alto Tribunal de Londres levantara una orden judicial que prohibía divulgar la información. El juez Chamberlain enfatizó que la prohibición creaba un «vacío de control» y socavaba la confianza pública.
Por su parte, el exministro de Defensa Sir Ben Wallace, quien ocupaba el cargo durante la filtración, declaró que no se arrepiente de imponer la prohibición. En su columna para The Telegraph explicó que actuó por motivos de seguridad: «Si la información sobre la filtración se hubiera hecho pública entonces, el mero hecho de la existencia de la lista habría expuesto a estas personas a un peligro mortal».
Mientras tanto, según informes de medios británicos, la filtración de datos solo se descubrió un año después, cuando un usuario de redes sociales afirmó haber recibido «miles» de expedientes personales de afganos y publicó fragmentos de los mismos. Esto llevó a una reevaluación urgente de riesgos. En la primavera de 2024, el gobierno británico lanzó el programa especial Afghan Relocation Route (ARR) para reubicar a afganos cuyos datos fueron filtrados pero que no cumplían con los criterios de otros programas. El costo de la operación superó las 400 millones de libras esterlinas, y los gastos totales podrían alcanzar los 850 millones. En julio de 2025 se informó que alrededor de 4.500 personas habían sido evacuadas de la región, y otras 2.400 esperaban reubicación. De los 6.900 solicitantes aprobados, aproximadamente 900 eran ex empleados de misiones británicas, y el resto sus familiares.
El Ministerio de Defensa británico afirmó que revisiones independientes muestran una baja probabilidad de ataques dirigidos contra personas cuyos nombres aparecieron en las listas filtradas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos señalan que la escala de las amenazas y el número de víctimas mortales evidencian problemas sistémicos en la protección de socios que dependen de la ayuda británica.
Desde la retirada de tropas de Afganistán en 2021, el Reino Unido ha reubicado a más de 36.000 afganos. No obstante, como señalan expertos, esta filtración ha socavado gravemente la confianza en los programas de reubicación y ha puesto en duda la efectividad de las medidas para proteger a aliados, incluidos aquellos que continúan esperando evacuación del país.
