El precio de la «diplomacia del agua»

Emomali Rajmón en las obras de la central hidroeléctrica de Rogun

El 25 de mayo de 2026, dos eventos tuvieron lugar simultáneamente en Dusambé y fueron presentados en los comunicados oficiales como eslabones de una misma cadena: el presidente de Tayikistán, Emomali Rajmón, recibió un Certificado de Reconocimiento de la Universidad para la Paz de la ONU (UPEACE) por su contribución a la agenda climática y la cooperación regional, mientras que en la capital de la república se inauguró la 4.ª Conferencia Internacional sobre el Decenio de Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018–2028», con la participación de más de 2.500 delegados de países miembros de la ONU. Ambos eventos reforzaban la imagen de Tayikistán como líder regional de la «diplomacia del agua». Mientras tanto, organizaciones ecologistas y expertos independientes siguen documentando amenazas que cuestionan seriamente dicha imagen.

Conviene aclarar, antes que nada, qué se le entregó exactamente al presidente Rajmón. La Universidad para la Paz de la ONU (UPEACE) es una institución con sede en Costa Rica, creada mediante resolución de la Asamblea General de la ONU en 1980. Pese a su mandato onusiano, se trata de una estructura académica autónoma y no de un órgano intergubernamental con competencias normativas o de supervisión. El certificado fue aprobado por orden del rector de UPEACE, Francisco Rojas Aravena, el 19 de mayo de 2026 y entregado por el representante permanente de la universidad, el embajador David Fernández Puyana; en la práctica, se trata de la decisión de una sola persona, el rector de una institución académica. Ni la Secretaría de la ONU, ni la Asamblea General, ni los organismos especializados de la ONU participaron en la concesión de este reconocimiento.

La fórmula «certificado de la Universidad para la Paz de la ONU», que los medios oficiales tayikos utilizan profusamente, genera una impresión persistente —y engañosa— de que los méritos del presidente tayiko han sido reconocidos al más alto nivel internacional por todo el sistema de Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial de la agencia Jávar, entre los méritos concretos de Rajmón se citaron: la firma en marzo de 2025 del acuerdo sobre el punto de convergencia de las fronteras estatales de Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán; la adopción de la Declaración de Juyand sobre la amistad eterna; la promoción de iniciativas para la preservación de glaciares y recursos de agua dulce, así como su activo papel en la implementación del Decenio Internacional de Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible». La resolución del contencioso fronterizo es, sin duda, un logro positivo que ha eliminado un histórico foco de tensión en la región. Sin embargo, atribuir a este éxito diplomático una dimensión medioambiental y, más aún, utilizarlo para construir la imagen de «líder climático», exige un contraste más riguroso con los hechos.

El principal riesgo medioambiental asociado a Tayikistán en la región es la construcción de la central hidroeléctrica de Rogun en el río Vajsh, afluente del Amu Daria. El coste del proyecto se estima en 6.400 millones de dólares, y su financiación corre a cargo de un consorcio de diez instituciones financieras internacionales encabezado por el Banco Mundial. Rogun está llamada a convertirse en la presa más alta del mundo y a garantizar la independencia energética y el potencial exportador de Tayikistán. El problema radica en que el Vajsh, junto con el Panj, forma el Amu Daria —la principal arteria hídrica de Asia Central—, de la que dependen la agricultura de regadío y el abastecimiento de agua de decenas de millones de personas en Uzbekistán y Turkmenistán.

En febrero de 2025, dos residentes de Uzbekistán y Turkmenistán que habitan en el curso bajo del Amu Daria, con el apoyo de la coalición ecologista kazaja Ríos sin Fronteras (Rivers without Boundaries), presentaron una queja formal ante el Panel de Inspección del Banco Mundial. El Panel la registró en abril de 2025 como Solicitud de Inspección (caso n.º 175). Los demandantes alegaban que el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial había aprobado la financiación de la construcción basándose en una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) incompleta y desactualizada, que no refleja los verdaderos riesgos transfronterizos ni los impactos acumulativos sobre la cuenca del Amu Daria.

Tras una revisión preliminar y una visita de inspección a Tayikistán en junio de 2025, el Panel de Inspección recomendó abrir una investigación en toda regla, consignando una «probabilidad extremadamente alta» de que se produjeran daños. Sin embargo, el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial rechazó dicha recomendación en noviembre de 2025, amparándose en una norma formal: solo los ciudadanos del país receptor de la financiación —es decir, Tayikistán— tienen derecho a presentar quejas. La coalición Ríos sin Fronteras interpretó esta decisión como un intento de eludir la responsabilidad por graves consecuencias transfronterizas, tanto más cuanto que anteriormente, ya en 2010, se habían admitido a trámite quejas similares de residentes uzbekos sobre el mismo proyecto.

Los parámetros técnicos del riesgo son concretos y han sido verificados por fuentes independientes. Según datos del propio Banco Mundial, solo durante la fase de llenado del embalse de Rogun —que llevará no menos de 15 años—, el caudal del Amu Daria hacia el mar de Aral se reducirá entre 0,8 y 1,2 kilómetros cúbicos anuales, lo que representa al menos el 25% del aporte actual al delta. En este escenario, la desertificación y la salinización de los suelos, que ya afectan a una parte considerable del curso bajo, se agudizarán inevitablemente. Según diversas estimaciones, entre 8 y 10 millones de personas que viven en las zonas de regadío de Uzbekistán y Turkmenistán, cuya agricultura depende de manera crítica del volumen del caudal fluvial, se verán directamente perjudicadas.

En febrero de 2026, la coalición Ríos sin Fronteras publicó el informe «Con los ojos bien cerrados: la ignorancia de los impactos transfronterizos y acumulativos de la central hidroeléctrica de Rogun». Sus autores constatan que la EIAS vigente se basa en datos de 2014 y en escenarios estáticos que no tienen en cuenta ni la dinámica del cambio climático ni el régimen hidrológico real de la cuenca. Un factor externo de importancia crítica —la construcción del canal Qosh Tepa en Afganistán, que para 2028 podría desviar hasta 10 kilómetros cúbicos de agua anuales del Amu Daria (alrededor de un tercio de su caudal medio anual)— no se contempla en absoluto en la EIAS. El impacto acumulativo del embalse de Rogun y del canal afgano sobre el balance hídrico de la cuenca podría resultar radicalmente distinto al de cada uno de estos factores por separado. Otra conclusión del informe: la puesta en servicio del embalse de Rogun prolongará durante 60 o 100 años el régimen de regulación del caudal vigente en la cascada de centrales hidroeléctricas del Vajsh, «congelando» así la degradación de los ecosistemas del curso bajo durante todo ese período.

Los ecologistas expresan una preocupación particular por la suerte de la reserva natural de Tigrovaya Balka, situada en Tayikistán en la confluencia de los ríos Vajsh, Panj y Kafirnigán —el punto donde nace el propio Amu Daria—.

En septiembre de 2023, los bosques de tugái de la reserva fueron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por el criterio de «procesos ecológicos y biológicos de valor excepcional». Entre las especies protegidas figuran el ciervo de Bujara, la gacela persa y la hiena rayada, incluidos en el Libro Rojo de la UICN, así como el falso esturión espátula del Amu Daria, una especie de pez al borde de la extinción. Los cambios en el régimen hidrológico derivados del funcionamiento de la central de Rogun podrían destruir precisamente esos ecosistemas de llanura aluvial y humedales que la UNESCO ha reconocido como de valor universal excepcional.

El informe de Ríos sin Fronteras constata que la EIAS carece de mecanismos claros que garanticen los caudales ecológicos en estas zonas de importancia crítica durante los períodos de sequía, lo que contradice directamente los principios de conservación del Convenio de Ramsar sobre los Humedales.

Una fuente paralela de daño medioambiental transfronterizo —menos mediática pero no menos real— es la Compañía de Aluminio de Tayikistán (TALCO), cuya planta fue construida en 1975 en Tursunzoda, a 18 kilómetros de la frontera uzbeka. Según los datos que el Movimiento Ecológico de Uzbekistán remitió a la Asamblea General de la ONU en 2011 (la petición reunió más de 757.000 firmas), TALCO emite anualmente a la atmósfera unas 22.000 toneladas de contaminantes, entre ellas alrededor de 120 toneladas de fluoruro de hidrógeno. De acuerdo con datos del Oliy Majlis de Uzbekistán, la rosa de los vientos en la región es tal que durante 18 o 19 horas al día las emisiones son arrastradas hacia el norte y el noreste, en dirección a los distritos de Sariasia, Denau y otras zonas de la región de Surjandaria. Más de 1,1 millones de residentes de Uzbekistán viven en la zona de impacto directo. El parlamento uzbeko registró que el contenido de flúor en la leche superaba la norma entre 9 y 13 veces, y en la carne un 10,9%, además de un aumento de enfermedades endocrinas y del sistema musculoesquelético, fluorosis y cáncer en las zonas fronterizas. La parte tayika ha rechazado sistemáticamente estas denuncias por considerarlas políticamente motivadas.

Sobre este telón de fondo documentado, la decisión de UPEACE de entregar a Emomali Rajmón un certificado precisamente por «reforzar la resiliencia climática» y «proteger los ecosistemas» adquiere el carácter de una anomalía que exige explicación.

En el preciso momento en que el Panel de Inspección del Banco Mundial recomendaba oficialmente investigar los posibles daños medioambientales del proyecto de infraestructura insignia de Dusambé, una universidad afiliada a la ONU investía a Rajmón con el estatus simbólico de defensor de la naturaleza. No se trata de una simple ironía: tal reconocimiento crea un recurso diplomático adicional que Tayikistán puede utilizar en las negociaciones con el Banco Mundial, en el diálogo con los países vecinos y en los foros internacionales del agua —precisamente para bloquear o desacreditar las críticas al proyecto de Rogun—.

La 4.ª Conferencia Internacional del Proceso del Agua de Dusambé, inaugurada ese mismo día, proporcionó al acto de entrega de reconocimientos un marco internacional de enorme lucimiento. La presencia de 2.500 delegados, las sesiones plenarias de alto nivel, los foros sobre «Agua e inteligencia artificial» y «Mujer y agua», y la exhibición del «potencial hídrico de Tayikistán» contribuían a forjar la imagen del país como centro intelectual del debate mundial sobre el agua.

Tayikistán dispone, en efecto, de unas reservas de agua dulce únicas: en su territorio se concentra alrededor del 60% de los recursos hídricos de Asia Central, y el país es objetivamente el actor de cabecera en el balance hídrico-energético de toda la región. Esta ventaja geográfica hace que los compromisos medioambientales de Dusambé sean especialmente significativos —y especialmente dolorosos cuando divergen de la práctica real de gestión del caudal—.

El conjunto de los hechos descritos permite formular una conclusión incómoda para todos los actores implicados. Tayikistán utiliza activa y eficazmente el lenguaje del «desarrollo sostenible» y la «diplomacia del agua» para afianzar su estatus internacional —y ello está en parte justificado: Dusambé promueve genuinamente una serie de iniciativas climáticas de relevancia, incluida la conservación de glaciares—. Sin embargo, el proyecto de infraestructura clave del país —la central hidroeléctrica de Rogun— entraña riesgos reales y documentados para los ecosistemas y para millones de personas en el curso bajo del Amu Daria, riesgos que las evaluaciones de impacto oficiales subestiman o ignoran sistemáticamente.

Las instituciones internacionales, por su parte, exhiben una incoherencia institucional llamativa: el Banco Mundial financia el proyecto y al mismo tiempo rechaza la recomendación de su propio órgano de supervisión de abrir una investigación, mientras que UPEACE otorga certificados simbólicos que a la postre sirven menos como reconocimiento académico que como instrumento diplomático.

Los habitantes del curso bajo del Amu Daria —personas cuyo sustento depende directamente de cuánta agua llegue a sus campos y pozos— permanecen al margen de este sistema de intercambio de certificados y declaraciones, inmersos en una zona de riesgo medioambiental grave, cuando no de auténtica catástrofe ecológica.